La Asamblea Legislativa aprobó hoy, con 77 votos a favor y uno en contra, una prórroga de un año al decreto de las "Disposiciones especiales transitorias y extraordinarias en los centros penitenciarios, granjas penitenciarias, centros intermedios y centros temporales de reclusión".

La mayoría de disposiciones son restricciones en cárceles en donde se están recluidos pandilleros: Chalatenango (Chalatenango), Ciudad Barrios (San Miguel), Cojutepeque (Cuscatlán), San Francisco Gotera (Morazán), Izalco (Sonsonate), Quezaltepeque (La Libertad) y Zacatecoluca (La Paz).

 


El decreto habilita centros temporales, restringe visitas de toda clase e ingreso de personas ajenas a la administración penitenciaria, suspende traslados a audiencias permitiendo juicios virtuales y prohíbe señales inalámbricas.

La prórroga permite al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública contratar directamente a empresas para la compra de obras, bienes o servicios relacionados a la infraestructura carcelaria.

 


El diputado John Wright, de ARENA, votó en contra de las medidas.

 


Tras votación legislativa, Ortiz dijo que la decisión fue correcta y acertada

El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, tomó la palabra en la Asamblea, luego de la votación y agradeció el apoyo a los diputados, agregando que la decisión que tomó el pleno fue "correcta y acertada".

"Este es un mensaje claro para llevar más seguridad a las familias salvadoreña, este es un tema de alta trascendencia y es un mensaje positivo el que ahora estamos enviando al país", dijo Ortiz, al momento de indicar que esta prórroga permitirá seguir combatiendo a la delincuencia para dejar un mejor futuro a las generaciones venideras.

Las palabras de Ortiz fueron seguidas por el presidente legislativo, Guillermo Gallegos, que dijo que las medidas vienen a ayudar al combate del delito. Agradeció el esfuerzo del gabinete de Seguridad y confirmó que en próximos días seguirán estudiando otras medidas enfocadas a esta lucha constante.

Se prevé que los diputados aprueben que los fondos recaudados por medio del impuesto especial sean solamente para retribuir economicamente a los agentes policiales y militares.